Ley de alquileres: los cobros se deberán bancarizar
Con un gran número de firmas a favor, el oficialismo logró emitir un dictamen en mayoría que defiende los puntos principales de la 27.551.
Un dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, y emitido por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, incorporó incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, con el objetivo de mejorar la oferta de viviendas. Esto se logró, tras un mes de debate, respecto a las posibles modificaciones a la ley de alquileres.
El debate en torno a las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres, fue iniciado por la Comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau. Debido a las diferencias en los artículos más cuestionados de la ley, no se logró consenso entre oficialismo y oposición. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal presentaron tres dictámenes distintos.
La presidenta de la comisión, Cecilia Moreau, aplaudió que, tanto oficialistas como opositores, acordaran descartar la posibilidad de derogar la actual ley de alquileres, a pesar de no obtener aprobación para la emisión de un dictamen en conjunto.
El oficialismo, que obtuvo la mayoría, defiende y apoya la ley 27.551, con algunas salvedades. Una de ellas, asignar a la Comisión de Defensa de la Competencia la atribución para dirimir en los conflictos que se produzcan entre locatarios y locadores. Por otra parte, la incorporación de una serie de incentivos fiscales para originar la oferta de inmuebles para alquiler, un cambio en el que coinciden todos los espacios.
Según el informe mensual que lleva a cabo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la cantidad de departamentos ofertados para alquiler cayó en promedio 20 % por debajo del valor del mismo período del año anterior, es decir, durante los primeros cuatro meses de 2022. Sin dudas, el objetivo primordial es encontrar soluciones al desabastecimiento del mercado locativo.
Otra iniciativa es la referida a la bancarización de los cobros de los alquileres. Según el dictamen impulsado por el Frente de Todos, se incorpora la obligatoriedad de que los contratos de alquiler con destino habitacional establezcan los datos bancarios necesarios de la parte locadora para percibir el pago del canon pactado por transferencia o depósito bancario.
Uno de los más duros y fuertes reclamos de las asociaciones de inquilinos recae sobre el control del Estado para que los contratos estén registrados en AFIP. Con esta modificación, buscan hacer frente a ello.
La ley actual ya lo contempla, pero que también incorpora algunos cambios respecto al registro: deben ser declarados ante la Agencia por el propietario y corredor inmobiliario que interviniera en la operación. “Sin perjuicio de la obligación del locador cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato ante la AFIP”, indica el texto.
Por otra parte, establece que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional, debe realizarse en moneda nacional”. Y agrega, además, que el Poder Ejecutivo debe crear el registro público de contratos de alquileres con destino habitacional.
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